Petro defiende legalidad de consulta popular y acusa al Senado de bloquear su desarrollo

El presidente Gustavo Petro aseguró que la convocatoria a la consulta popular está respaldada por la Ley Estatutaria 1757 de 2015 y acusó al Senado de incumplir los plazos legales para emitir un concepto sobre su realización, lo que, según él, habilita al Gobierno a expedir el decreto correspondiente.

A través de su cuenta en X, el mandatario explicó que, conforme al artículo 33 literal c de dicha norma, el Ejecutivo puede proceder con la convocatoria si el Senado no se pronuncia en el plazo establecido.

"El decreto de consulta tiene una base legal, que impide cualquier prevaricato", afirmó Petro, señalando que la ley contempla dos escenarios: que el Senado emita un concepto (ya sea favorable o no) o que no lo haga en el mes siguiente a la radicación de la solicitud.

La petición fue presentada el 1 de mayo de 2025, por lo que el Senado tenía hasta el 1 de junio para pronunciarse. Al no hacerlo, el presidente tiene ocho días hábiles (hasta el 12 de junio) para emitir el decreto.

Críticas al Congreso y al presidente del Senado

Petro también arremetió contra el presidente del Senado, acusándolo de no permitir la aprobación de la reforma laboral en el último día hábil antes del vencimiento del plazo.

"El presidente del Senado decidió cerrar el Congreso y perder todo el martes, para que el presidente solo tuviera el día de mañana para usar la Ley 1757", denunció.

Además, vinculó el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay con lo que calificó como un intento de "excluir al pueblo de la consulta popular y de la reforma laboral".

Recordó que un fallo judicial había declarado la violación del debido proceso en el trámite legislativo y ordenado acatar una apelación de la senadora María José Pizarro, lo que, según él, impidió que la votación del concepto en el Senado quedara formalizada.

Con este panorama, el Gobierno insiste en que la consulta popular avanza dentro del marco legal, mientras la oposición y el Legislativo cuestionan el procedimiento. La polémica sigue abierta a pocos días del plazo definitivo para el decreto presidencial.